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Representación judicial para la Defensoría del Contribuyente, más que una necesidad
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Representación judicial para la Defensoría del Contribuyente, más que una necesidad

La complejidad del sistema tributario y las facultades de fiscalización de la autoridad tributaria -en ocasiones- ponen en desventaja al contribuyente. Uno de los aspectos importantes que se debate del Proyecto de Cumplimiento Tributario es el otorgamiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) de una herramienta esencial en la protección de derechos: la representación judicial en procedimientos de vulneración a las y los contribuyentes.

Esta nueva atribución no es sólo un ajuste técnico, sino un cambio profundo que garantizaría que la defensa de los derechos de las y los contribuyentes sea completa en todas las etapas del proceso.

Actualmente, la Dedecon proporciona entre otros servicios: orientación tributaria; representación administrativa, y mediación frente al Servicio de Impuestos Internos (SII), así como la recepción y gestión de quejas ante el órgano fiscalizador e informes u opiniones técnicas. Sin embargo, su capacidad de acción se ve limitada cuando los casos más complejos requieren una actuación ante los Tribunales de Justicia. Esta carencia deja a muchos(as) contribuyentes desprotegidos(as), especialmente a aquellos(as) que no tienen los recursos para contratar una defensa judicial privada.

Para entender la relevancia de esta facultad basta con observar los ejemplos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en México y el Taxpayer Advocate Service (TAS) en Estados Unidos. Ambas instituciones cuentan con la capacidad de representar judicialmente a las personas naturales y jurídicas, lo que les ha permitido resolver conflictos de manera justa y efectiva, y proteger los derechos de los ciudadanos en situaciones que podrían haber escalado en conflictos prolongados complejas.

Una Defensoría del Contribuyente con facultades judiciales, como lo demuestran la Prodecon y el TAS, puede actuar como un verdadero contrapeso frente a la administración tributaria, asegurando que los derechos del contribuyente finalmente sean protegidos en su integridad y durante todas las etapas de revisión. Gracias a esto, el sistema tributario se convertirá en un espacio más justo, equilibrado y confiable para las y los contribuyentes.


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