Cada cuatro años, los bienes raíces Agrícolas y No Agrícolas son reavaluados para determinar su tasación fiscal sobre la cual se calculan las contribuciones. Por su parte, los bienes raíces catalogados como “sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros” se someten a este procedimiento todos los años.

Uno de los principales problemas que enfrenta este proceso es la poca claridad detrás de la información que reciben los(as) contribuyentes de forma directa y la que se dispone al público en general.

En este contexto, como Defensoría del Contribuyente (Dedecon) hemos observado ciertas barreras para acceder a la base de cálculo, a las fuentes concretas aplicadas a las muestras válidas utilizadas por el organismo fiscalizador y a los ajustes realizados para determinar el valor unitario de terreno para cada área homogénea, limitándose a reportar únicamente el resultado final.

Al tratarse de un impuesto determinado exclusivamente por la autoridad fiscal -a diferencia de impuestos como el IVA o Renta, que son de autodeclaración-, el respeto por los derechos del contribuyente se hace muy relevante. De lo contrario puede incluso provocar en las y los contribuyentes una percepción de arbitrariedad y descontento respecto de este tributo.

Ante este panorama, como Defensoría elaboramos un informe técnico respecto a los problemas para acceder a la información sobre la determinación de los avalúos y factores de ajuste; la ausencia de información en relación con las áreas homogéneas, entre otras.

Dicho documento -formalizado mediante un oficio al órgano fiscalizador- es el resultado de una serie de mesas de trabajo en las que participaron académicos(as) y expertos(as) en la materia, y respecto del cual fuimos invitados a exponer a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Es imperativo que el órgano fiscalizador implemente mecanismos de mayor acceso a la información. La divulgación detallada de datos, criterios y procedimientos utilizados en el reavalúo, ya que no sólo permitirá a las y los contribuyentes comprender mejor cómo se llega a los valores fiscales y ejercer sus derechos de manera informada, sino que también fortalecería la confianza en el sistema tributario.